Redacción
Las investigaciones de dos administraciones federales coinciden que elementos del Ejército Mexicano no participaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala; el paradero de los jóvenes no ha sido aclarado en esta década de los hechos perpetrados por policías municipales y gente del grupo criminal Guerreros Unidos; el caso sigue abierto
Los hechos de arbitrariedad, agresión, violencia, muerte, impunidad e injusticia prolongados durante los últimos diez años se desarrollaron esencialmente en 6 horas. Entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, estado de Guerrero.
El asesinato de seis personas, las lesiones a 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de policías municipales y estatales, asociados con el grupo criminal Guerreros Unidos, tiene alcances históricos.
Las consecuencias negativas incluyen problemas en la seguridad pública, fallos en los mecanismos de inteligencia, deficiencias en la procuración de justicia, violaciones a los derechos humanos y sobre todo el profundo dolor que sufren los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes no se resignan a lo ocurrido hace 10 años. Los siguen buscando. Esperan su llegada.
El hecho se polarizó; se convirtió en bandera y botín político. Quebró añosas alianzas de lucha y estrechó aún más algunas relaciones institucionales.
El caso Ayotzinapa transcendió los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin avances en el paradero de los jóvenes, lo fundamental. Es una de las herencias para la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en cinco días.
En los últimos diez años se han realizado investigaciones oficiales de dos gobiernos federales de México; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), con seis informes.
Peña Nieto dejó el gobierno defendiendo la verdad histórica de su gobierno: “En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”, dijo en un spot con motivo de su sexto informe de gobierno.
El 1 de septiembre de 2024, en su Sexto y último Informe de Gobierno, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando a los jóvenes”.
RECONFIRMACIÓN DE HECHOS
En las distintas investigaciones se han reconfirmado los mismos hechos, con sus matices:
Que 43 estudiantes fueron desaparecidos, asesinados, cremados y que no se sabe su paradero. Salvo la identidad de restos óseos pertenecientes a tres de los 43 estudiantes.
Que la llamada verdad histórica del sexenio de Peña Nieto se construyó a partir de violaciones a los derechos humanos, pero no es mentira del todo.
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo la investigación más exhaustiva sobre el caso, todas sus recomendaciones han sido ignoradas públicamente.
Que el crimen dividió al nuevo régimen: algunos sostienen que fue un crimen de Estado, implicando a efectivos del Ejército mexicano, mientras que otros exculpan al Ejército de toda responsabilidad.
Que la administración que terminará en 120 horas no revirtió la verdad histórica, porque los restos óseos de uno de los jóvenes que encontró tenían rastros de fuego. La tesis de la verdad histórica es que un grupo de estudiantes fue cremado en un basurero de Cocula.
En el análisis de los hechos, el sexenio de Peña Nieto, que empezó con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, llamado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, comenzó a terminar con lo sucedido con los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En los cuatro meses siguiente a los hechos, el gobierno de Peña Nieto, que inicialmente se mostró pasmado –intervino 18 días después–, investigó y presentó el 27 de enero de 2015, lo que se conoce como la verdad histórica. Esta verdad histórica fue desacreditada por la oposición, que se convirtió en gobierno.
La oposición a la verdad histórica la enarboló también el GIEI que inició trabajos en marzo de 2015. En septiembre de ese mismo año presentó su primer informe. Ahí comenzó un jaloneo de los hechos ocurridos hace 10 años. Lo único que es una verdad incontrovertible es que los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
LAS SEIS HORAS DE TERROR EN IGUALA
Los estudiantes iban a apoderarse de camiones y terminaron desaparecidos
Lo que hoy se conmemora como una tragedia sucedió en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala. Entre otros delitos, entonces ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hilo conductor del hecho que hoy cumple 10 años.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, se trasladó a Iguala. El objetivo, se argumentó, era apoderarse de autobuses que ocuparían para participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, en 1968.
El secuestro de autobuses por parte de los estudiantes de Ayotzinapa para su activismo político ha sido habitual desde hace años y consentido por las empresas afectadas y autoridades: El 26 de septiembre de hace diez años las autoridades cambiaron su proceder.
Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. El operativo fue apoyado por otras corporaciones.
Los policías contuvieron el trayecto de cinco autobuses: tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes, que siguen en calidad de desaparecidos.
La violencia mortal de la noche del 26 de septiembre de 2014 se prolongó hasta la madrugada del 27. Se develó que el grupo criminal Guerreros Unidos estaba detrás de todas las acciones de agresión contra los estudiantes y población civil. Entonces, y varios días después, no se podía dimensionar los alcances del inédito suceso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señaló que el saldo de lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala fue de: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 42 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y madrugada; alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
LA VERDAD HISTÓRICA QUE CREEN ES MENTIRA
Con esa investigación, el gobierno de EPN quiso darle carpetazo al caso Iguala
La narrativa de la verdad histórica es la investigación con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó darle carpetazo al caso de la desaparición de los normalistas.
Esta verdad histórica, pronunciada por el entonces titular de la desaparecida Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam –que fue procesado por este caso y está en prisión domiciliaria acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia–, tiene puntos clave:
Los estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014, después de que ellos se habían apoderado de algunos camiones de transporte de pasajeros.
Afirma que la policía entregó a los estudiantes al grupo criminal de Guerreros Unidos. Se refiere que los integrantes de Guerreros Unidos asesinaron y quemó a un grupo de jóvenes en un basurero en Cocula.
El gobierno de Peña Nieto sostuvo que los restos incinerados de los estudiantes fueron arrojados en el río San Juan, a partir de declaraciones ministeriales de algunos miembros de Guerreros Unidos, que fueron sustraídas bajo tortura.
Tan pronto como Murillo Karam dijo “gracias ya me cansé” y dio por terminada una conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2014 para ofrecer avances en las investigaciones de la
desaparición de los normalistas, las críticas contra el funcionario lo apabullaron.
La verdad histórica del gobierno de Peña Nieto fue presentada por Murillo, el 15 de enero de 2015.
Las principales razones de las críticas a la verdad histórica, por parte de la oposición al gobierno priista fueron las violaciones a los derechos humanos: se fue develando que las declaraciones ministeriales de varios de los acusados tuvieron distintas dosis de tortura. Y supuestas manipulaciones de pruebas, como la salida de Tomás Zerón de Lucio al río San Juan donde se habría encontrado una bolsa con restos humanos y donde apareció el primer resto óseo, que se identificó con el nombre de Alexander Mora Venancio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizaron investigaciones paralelas que pusieron en duda la verdad histórica. Estos organismos encontraron supuestas inconsistencias graves y sugirieron que el caso podría implicar una red más amplia de complicidad que la inicialmente presentada, donde implicaron a elementos del Ejército mexicano, específicamente a los batallones 27 y 41.
A partir de la publicación de la verdad histórica, el 15 de enero de 2015, la batalla se centró más en desacreditar las versiones del gobierno de Peña Nieto, que por dar con el paradero de los 43 normalistas.
SE AVANZÓ, PERO NO COMO SE HUBIERA QUERIDO: PRESIDENTE
A unas cuantas horas de que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural Isidro Burgos perpetrada en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador admitió “que se avanzó” en el esclarecimiento pero “no como se hubiera querido”.
Al dar a conocer la última carta que envió hace unas horas a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos con el último reporte de trabajo, López Obrador culpó a la periodista Anabel Hernández y al presunto narcotraficante Gildardo López Astudillo de entorpecer las investigaciones del caso.
Al dar lectura a la carta –fechada el 26 de septiembre del 2024– durante la conferencia de prensa de ayer miércoles, el Presidente consideró que Gildardo López colaboró en un principio, pero al pasar el tiempo no ha mostrado interés de seguir haciéndolo; mientras que la comunicadora afirmó sin fundamento que el Ejército mexicano fue el responsable de lo sucedido a los estudiantes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Al advertir una vez más que no se chupa el dedo y tampoco permite que le tomen el pelo, López Obrador reiteró que el Ejército ha colaborado en todo momento en las indagatorias, contrario a lo que aseguran los representantes legales de las familias, como el Centro de Derechos Humanos y por ello no se puede permitir que se acuse a toda una institución de haber efectuado un hecho como este.
EL GIEI, EL COCO DE LOS GOBIERNOS
Los expertos descalificaron que los estudiantes hubiesen sido cremados
El GIEI, en un informe de 550 páginas, titulado Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, aseguró que no había evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero de Cocula. “Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó”, aseguró en conferencia de prensa el experto español Carlos Beristáin.
Luego de 6 meses de trabajo, el GIEI opinó que el gobierno de México no había hecho todo lo posible para localizar a los estudiantes.
El primer informe de GIEI expuso que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas.
Las personas integrantes del GIEI revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, los mismos con los que trabajó la PGR y la CNDH. También solicitaron peritajes independientes, en el campo forenses y de distintas escenas de crimen, como del fuego.
Mientras la verdad histórica de la PGR asegura que parte de los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y posteriormente entregados a sicarios de Guerreros Unidos y que después de haber sido asesinados sus cuerpos fueron llevado al basurero de Cocula, donde cremaron a los jóvenes con una pira improvisada, alimentada con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles durante al menos 12 horas, el GIEI dijo:
Que el peritaje independiente del experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería, establecía que:
No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula; en ese lugar sólo hubo fuegos de pequeñas dimensiones pero que no se puede saber la fecha en que ocurrieron; que en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, inclusive uno; y que los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material, y sus conclusiones son erróneas.
El 25 de julio de 2023, el GIEI presentó su sexto y último informe. A la vez que declaraba “no hay condiciones para que puedan continuar las labores”.
De esta manera, el GIEI se convirtió en fuerte crítico de las investigaciones tanto del gobierno de Peña Nieto como de López Obrador.
