Christian Rivera
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Congreso de Tamaulipas le dio entrada a diversas reformas a la Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad en Tamaulipas, para que todo su personal sea sometido a pruebas de control y confianza, así como aplicar evaluaciones y sus equipos tácticos, de comunicaciones, inteligencia, y sus bases de datos.
La iniciativa presentada por Morena en la Diputación Permanente plantea aplicar candados a las empresas privadas que se dedican a prestar el servicio de auxiliar de seguridad, protección, vigilancia, custodia de personas, lugares, establecimientos, bienes o valores, incluyendo el traslado, localización e información sobre personas físicas o morales y bienes, para que se apeguen a las mismas normas que los elementos que se enlistan en las corporaciones de seguridad pública.
Se busca que las empresas cuenten con personal operativo de confianza, que cumplan con los requisitos que marca la norma, siendo uno de ellos someterse a los procedimientos de evaluación y confianza, y durante su permanencia estén condicionados a los resultados del dictamen que emita el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
“El examen de control de confianza se compone de diversas evaluaciones, las cuales tienen la finalidad de verificar que el personal que presta sus servicios actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad, de acuerdo al perfil que se requiere y que debe ser acorde a las actividades que desarrollarán, lo que permite fortalecer la credibilidad, eficacia y operatividad de las empresas de seguridad privada quienes también son auxiliares de la función de seguridad pública, por lo que deben mantener niveles homogéneos de profesionalización en el desempeño de sus funciones”, señala el documento.
En Tamaulipas, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 74 empresas de seguridad privada activas.
Los resultados del Instituto reflejan que Tamaulipas es el estado de la frontera de México con Estados Unidos con el menor número de este tipo de empresas. En contraste, el estado vecino de Nuevo León cuenta con 569 empresas, siendo la entidad federativa con el mayor padrón de las mismas.
La Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad plantea en su artículo 47 que la Dirección General de Operación Policial puede realizar inspecciones a las empresas privadas, a su personal, instalaciones, armamento, equipos de radiocomunicación, vehículos, programas de capacitación y adiestramiento para verificar que estén cumpliendo con los parámetros de calidad. En caso de encontrar irregularidades, se promueven la sanciones y suspensiones.
También se obligaría a las empresas a informar las altas y bajas de su personal operativo de forma periódica para conocer el estado al interior de cada una de ellas.
“Asimismo, resulta obligatoria la observación de los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general la de proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Estatal de Información”.
