Christian Rivera
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) investiga 149 presuntos delitos por daño ambiental que impactó directamente a la flora, fauna, y recursos biológicos en Tamaulipas.
Las denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señalan que se han cometido irregularidades tanto por particulares como por empresas en diferentes municipios que afectaron diversos recursos naturales.
Los expedientes de denuncias se presentaron entre 2018 y 2023, los cuales están en revisión para determinar posibles sanciones, o descartar la responsabilidad de los señalados, de acuerdo con lo señalado por la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la Profepa.
Las denuncias presentadas corresponden a quejas contra tala no autorizada de árboles, transformación de áreas naturales sin autorización, cambios del uso del suelo, obras no autorizadas, posesión ilegal de animales y plantas; descarga de agua residuales a ríos, lagos y arroyos; destrucción de fauna, es decir, los cambios al hábitat que termina matando a los animales de la región.
También se observan casos por desechos biológico infecciosos, aprovechamiento no autorizado, derrame de materiales tóxicos; emisión de humos, transportación no autorizada de animales, apertura de caminos sin autorización, comercialización ilegal de fauna, contaminación con recipientes, materiales peligrosos, y por tirar residuos a cielo abierto, entre otros.
El grueso de las presuntas irregularidades se registra en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, región en donde hay mayor actividad industrial en Tamaulipas por la presencia de empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los presuntos delitos se cometieron en Altamira (20), Soto la Marina (19), Victoria (16), Tampico (11), Reynosa (11), Madero (10), y Aldama (8), concentrando en el 64% de los casos. Mientras que el 36% restante se dio en El Mante, Jaumave, San Fernando, Hidalgo, Jiménez, Llera, Miquihuana, Padilla, y San Carlos.
Se advierte que las denuncias por presuntos delitos ambientales han ido en aumento en los últimos años, ya que en el 2018 apenas se presentaron 15 quejas, pero para el 2019 la estadística cerró en 23. La tendencia siguió al alza, ya que en el 2021 alcanzó una de las cifras más altas con 32 expedientes, pero volvió a aumentar en el 2023 con 49 carpetas de investigación, siendo la más alta hasta el momento.
*PENAS DE HASTA 9 AÑOS DE PRISIÓN.
El Código Penal Federal establece penas de prisión hasta por 9 años a quienes cometan delitos que atenten contra el medio ambiente, que van desde a particulares y empresas de todo tipo, incluyendo las de desarrollo de tecnología.
Las multas económicas van de $32 mil hasta los $325 mil pesos en contra de los que resulten responsables de afectar al medio ambiente.
“Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa
al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”, establece el artículo 414 del CPF.
Las 149 carpetas de investigación de la Profepa establecen daños a áreas forestales (67), a la fauna (24), por contaminación por residuos peligrosos (14), contaminación al agua (13), daño a zonas federales marítimas (12), contaminación a la atmósfera (4), entre otros.