Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En el marco del proceso electoral en Tamaulipas, se ha revelado a través del portal de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) que el 20% de los candidatos a alcaldes y diputados locales no han reportado sus gastos de campaña, lo que representa un total de 45 contendientes omisos de los 228 participantes en la contienda.
Según la tabla de fiscalización del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los 20 candidatos postulados a la presidencia municipal presentan un saldo en los tres apartados de cero, lo que refleja una falta de transparencia en cuanto a sus movimientos financieros durante la campaña electoral.
A nivel local, se observa que un porcentaje significativo de candidatos, pertenecientes a diversos partidos políticos y coaliciones, incumplen con la obligación de reportar sus ingresos y egresos de campaña en la plataforma de fiscalización del INE, lo cual plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad en el uso de recursos durante el proceso electoral.
En contraste, se destaca que los 43 candidatos de la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han cumplido con la presentación de sus informes de ingresos y egresos, demostrando un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Por su parte, el Partido Movimiento Ciudadano ha registrado candidatos para 26 de los 43 ayuntamientos, cumpliendo con las disposiciones de la unidad técnica de fiscalización del INE, mientras que los candidatos independientes no han reportado ningún gasto de campaña hasta el momento.
En el caso de la alianza conformada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, los 41 candidatos han presentado de manera detallada su información financiera, lo que refleja un compromiso con la legalidad y la transparencia en el proceso electoral.
La falta de reporte de gastos de campaña por parte de un porcentaje significativo de candidatos en Tamaulipas plantea un desafío en términos de fiscalización y control de los recursos utilizados durante la contienda electoral, subrayando la importancia de promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político.
